En una reciente exposición pública Manuel Adorni dijo que con su dinero tiene derecho a hacer lo que quiera. Es cierto. Pero los ciudadanos de una república democrática tienen derecho a estar seguros de que fue dinero de él y no ajeno o que los recursos de los mismos ciudadanos no estaban en juego.

El inconveniente de su viaje a Punta del Este es que lo habría pagado un empresario contratista del Estado en un área dependiente de Adorni. O sea, conflicto de intereses. No quiere decir que la relación haya llevado a un mal uso de recursos por favoritismo o corrupción, pero es mejor no dejar espacio para las dudas. Una buena aclaración, completa y oportuna, evita muchas cosas, incluyendo las “operaciones” de las que suelen quejarse los funcionarios cuestionados de todo gobierno. También es cierto que cuando marcha una averiguación judicial cualquier declaración del investigado puede convertirse en un traspié procesal, pero presentar la verdad nunca es un error si hay honestidad (y se cuenta con asesoramiento legal).

Lo mejor para evitar problemas es tener transparencia y prudencia. Sobre todo cuando se sabe que en Argentina hay una doble vara para valorar la ética de los actos de gobierno y uno mismo se puso en posición de honestidad escandinava para criticar a sus antecesores; como mediste a los demás, así serás medido.

Todo esto pensando mal de los funcionarios como humanos sujetos a la tentación, pero no es necesario. Los gobernantes no juegan sus propios recursos en las decisiones por lo que no hay una conexión directa entre acierto y recompensa o entre error y pérdida ni entre beneficios y costos alternativos de la acción misma. La alineación entre costos y beneficios en el sector privado incentiva la eficiencia pero no existe en el sector público. Es una falla básica del Estado sin importar la posición ideológica de los gobernantes. La transparencia y difusión a tiempo de las asignaciones de recursos son buenas ayudas en tal sentido.

El tamaño del Estado tiene que ver, por la capacidad de daño de las decisiones ineficientes cuya probabilidad es mayor cuanto más profundas sean y cuantos más recursos públicos y privados estén involucrados. Esto último añade otro punto: un Estado con capacidad de impactar en el ingreso de las personas es uno sobre el que vale la pena incidir. Se equivocan quienes confunden tamaño con fortaleza y creen que un Estado pequeño está más expuesto a la influencia de los grandes grupos. Un Estado pequeño será dejado de lado porque los ingresos vendrán del mercado, no de la burocracia. En cambio, los funcionarios de un Estado grande serán asediados continuamente por poderosos factores corporativos. Un Estado pequeño no es más susceptible de cooptación que uno grande sino al revés.

Se suman así dos elementos que involucran a las decisiones públicas. Uno, la dificultad del Estado de suplir la eficiencia del mercado tanto por aquella carencia de incentivos de los funcionarios como por la imposibilidad de reemplazar el conocimiento idiosincrásico que impregna las decisiones individuales. No es un problema tecnológico sino de naturaleza. Las expectativas, proyectos, sentimientos, ideas de bienestar y condicionantes personales son inaccesibles a terceros. El otro, el peso de las tentaciones de corrupción. Por eso, sin ser sustitutos perfectos de la interacción voluntaria, la transparencia y una menor incumbencia estatal en la comunidad contribuyen juntos a reducir el margen de error y la deshonestidad.

En ocasiones las medidas para lograrlo son radicales. Ocurrió con la reelección de presidente en EEUU. Desde George Washington nadie había tenido más de dos períodos hasta Franklin Roosevelt, quien ganó cuatro elecciones consecutivas entre 1932 y 1944. Una preocupación política fue que no estaba claro si la lealtad de los empleados estatales era con el gobierno o con los Roosevelt, así como que se decidiera sobre los recursos públicos como si fueran naturalmente de la familia. En parte, eso justificó la enmienda constitucional 22, ratificada en 1951, que establece que nadie puede ser elegido presidente más de dos veces, ni más de una si ejerció como tal más de dos años de un período para el que otro había sido elegido presidente.

Aunque siempre hay lagunas. Donald Trump no puede ser nuevamente candidato presidencial pero ya advirtió que nada le impide postularse a vicepresidente. Si su fórmula triunfara, el presidente renunciaría tras asumir y Trump tendría un tercer período. Lindo problema político y judicial.

Ahora bien, la enmienda preveía una transición. No aplicaba a quien era presidente al presentarse el proyecto (Harry Truman) ni interrumpía el mandato de quien lo fuera al ratificarse (importante si corría un tercer período). Lógico, al crearse un límite. Pero las adaptaciones no corresponden al flexibilizarse restricciones, como pasar de prohibir la reelección a permitirse una, porque se favorece a quien ocupa el cargo al brindarle la posibilidad de continuar. Por eso estuvo mal, al reformarse la Constitución de Tucumán en 2006, disponer arrancar de cero y que el mandato de José Alperovich bajo el texto de 1990 (2003-2007) no contara. Fue gobernador doce años consecutivos cuando la nueva regla permitía ocho. ¿Legal? Discutible. Contrario al espíritu de la restricción cuando ya había sido beneficiado por la reforma misma, seguro.

Vale para la Universidad Nacional de Tucumán. Su estatuto fue modificado en 2024 pero la cláusula de permanencia en la fórmula ejecutiva no varió: tope de ocho años consecutivos. No cabe ninguna excepción pues la nueva norma es la vieja norma, sin derechos disminuidos. Sin embargo, por rumores políticos hay una consulta judicial sobre la legalidad de una reelección del actual rector, quien antes fue vicerrector. Todavía no hay respuesta pese a una alternativa sencilla: como el rector no es candidato y la Justicia no atiende especulaciones sino que resuelve controversias, no le corresponde intervenir. Cuando parezca claramente que podría peligrar el respeto a las instituciones, esencial para la función pública, se verá. Mientras, el calendario avanza.